Esta petición ante la Fiscalía se da paralelamente en el marco de la discusión legislativa en donde se debate legalizar o prohibir.
Estes es el punto que ha propuesto el senador Alejandro Navarro por ley prohibir y eliminar las máquinas tragamonedas.
Una nueva arista investigativa abrirá el senador Alejandro Navarro, autor del Proyecto de Ley (Boletín 10.811-06), que busca prohibir y eliminar las máquinas populares de azar o mal llamadas máquinas de destreza. Esta vez anunció que “le pediremos al Ministerio Público de la región de Los Ríos, como ya lo hicimos en Concepción, Rancagua y Valparaíso, citar a declarar ante la PDI a las personas naturales o empresas que reparan, mantienen, transforman o intervienen mecánica o electrónicamente las máquinas populares de azar; que resulten responsables, sea como autores, cómplices o encubridores. Esto en virtud de lo dispuesto en los artículos 84 y 172 y siguientes del Código Procesal Penal”, informó.
Esto en el marco investigativo que Navarro ha impulsado para que se persigan estas máquinas por los eventuales delitos de juego ilegal, defraudación tributaria, lavado de activos y crimen organizado.
Asimismo, el senador dio cuenta que “todo lo que rodea a las máquinas populares de azar es sospechoso. El Gobierno que había anunciado que iba a legalizar las máquinas, al día siguiente dice que las va a prohibir. El Senado envió a la Sala un proyecto ya aprobado por los 5 parlamentarios que componen la Comisión de Gobierno para legalizarlas, luego lo devuelve a la Comisión, porque dice que hay que prohibirlas. El fiscal Roberto Contreras, que llevaba la investigación hace mucho tiempo y que ha abierto una arista con la operación Lava Jato señalando que podría haber lavado de dinero con estas máquinas, es removido. Además, la FIDEN me pide una reunión por lobby para buscar acuerdos para regular; ¡yo quiero prohibir y eliminar estas máquinas que causan daños a la familia y están asociadas a los peores delitos!”.
Navarro señaló que “si las máquinas de azar se llegaran a legalizar bajo el principio de pro reo, si hubiera condenados, procesados, todo esto beneficiaría a los que están involucrados en esta situación de más de 700 mil máquinas en todo Chile que son de azar y no son de destreza”.