Inspección exigirá permisos para ejercer actividad comercial, e impedir distribución de mercadería, en el perímetro establecido.
Además, contempla el decomiso de especies y mercadería en caso de ejercicio ilegal de actividad comercial.
Patrullajes de Seguridad Pública, rondas de Carabineros y vigilancia de cámaras de la Central de Televigilancia durante las 24 horas, son parte de las medidas desplegadas por la municipalidad para reforzar el óptimo funcionamiento de la feria provisoria en Calle Illapel. De la misma forma, inspectores fiscalizarán permisos para impedir la actividad comercial de personas no autorizadas. Asimismo, para sancionar la distribución de mercadería fuera del perímetro establecido.
En cuanto al proceso de fiscalización que se extenderá hasta mediados de marzo y el cumplimiento de la Ordenanza, la municipalidad especificó que la normativa comenzó a hacerse efectiva. Al mismo tiempo, puntualizó que los diversos segmentos del comercio ambulante han puntualizado, explícitamente, estar de acuerdo con las propuestas del municipio —acordadas en una agenda de trabajo— para la reubicación.
Paralelamente, agregó que los procesos, complejos y supeditados a eventos coyunturales, requieren de gradualidad. No obstante, recalcó que es incompatible que continúe el comercio ambulante fuera del perímetro de exclusión que define la Ordenanza Municipal.
SEGURIDAD
Acerca de la inspección en terreno y las labores con Carabineros, el subdirector de Seguridad Pública y Prevención del Riesgo Fabián Jiménez, indicó que se ejecuta un mecanismo que une el accionar de los fiscalizadores con rondas periódicas de la policía.
“Fiscalizaremos durante todo febrero y la primera semana de mazo. Por su parte, Seguridad Pública y Carabineros realizarán rondas preventivas las que se reforzarán con una cámara, de la Central de Televigilancia, que está instalada en Calle Illapel. De este modo, evidenciamos el esfuerzo del municipio en conjunto con la policía para la conformación de espacios resguardados”, dijo Jiménez.
Por su parte, la Ordenanza Municipal hará respetar normativas como la exigencia de permiso respectivo para cada comerciante ambulante. Simultáneamente, deberá atenerse a las leyes que regulan el quehacer desde el ámbito tributario, sanitaria y Ley de Tránsito. Además, cancelar derechos municipales y con prohibición absoluta de practicar la actividad informalmente.
Las sanciones —adelantó el municipio— van desde las 0.5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). También el embargo de mercadería y utensilios al constatarse la infracción. Igualmente, el envío, en caso de verificarse delitos, al Ministerio Público.